¿Tu empresa no puede hacer frente a sus deudas?

Es el procedimiento judicial previsto para las empresas y personas que no pueden pagar sus deudas con regularidad. Reúne a todos los acreedores en un único procedimiento y puede terminar con un convenio que permita continuar la actividad o con una liquidación ordenada.

Cuando no puede cumplir regularmente sus obligaciones o prevé que no podrá hacerlo. La ley obliga a solicitarlo dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se conoció o debió conocerse la insolvencia. Actuar antes suele ampliar las alternativas disponibles.

Las deudas anteriores al concurso se clasifican y se pagan según el orden que fija la ley. En un convenio pueden pactarse quitas y esperas. Si la sociedad se liquida y se extingue, las deudas que no se hayan podido pagar dejan de poder reclamarse a la sociedad, sin perjuicio de avales o responsabilidades de terceros.

Los contratos continúan mientras continúe la actividad. Si son necesarias medidas colectivas, como despidos o suspensiones, se tramitan ante el juez del concurso. Los salarios e indemnizaciones pendientes pueden quedar cubiertos por el FOGASA dentro de los límites legales.

Sus créditos también entran en el concurso, con una posición en parte privilegiada. Tienen un tratamiento más restrictivo que el resto en planes de reestructuración y en la exoneración de personas físicas, y en ciertos supuestos pueden derivar la deuda al administrador.

Sí. La declaración de concurso no interrumpe por sí sola la actividad. En el concurso voluntario lo habitual es que el administrador siga gestionando la empresa bajo la supervisión de la administración concursal.

Con carácter general, de las deudas responde la sociedad. El administrador puede responder si incumple deberes legales, por ejemplo no solicitar el concurso en plazo o no promover la disolución, si el concurso se califica como culpable, o por los avales personales que haya firmado.

Es el que se declara cuando la empresa no tiene bienes suficientes ni para cubrir los gastos del procedimiento. Se tramita de forma abreviada y, si ningún acreedor solicita que se investigue la actuación del administrador, concluye con la extinción de la sociedad.

Es el cauce obligatorio para empresas y autónomos con menos de diez trabajadores y un volumen de negocio inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros. Se tramita de forma telemática con formularios oficiales y permite un plan de continuación o una liquidación.

Depende del tipo de procedimiento, de la complejidad de la empresa y de la carga del juzgado. Un concurso sin masa puede resolverse en pocos meses; un concurso con liquidación de activos o con convenio puede prolongarse bastante más. Nadie puede garantizar un plazo.

Para un primer estudio: las últimas cuentas anuales y un balance reciente, un listado de acreedores con importes y vencimientos, los contratos de financiación y avales, la relación de trabajadores y las notificaciones de embargos o demandas.

Sí, pero si no puede pagarlas todas no es posible una liquidación ordinaria. El cierre se tramita entonces por la vía concursal que corresponda: concurso sin masa, procedimiento de microempresas o concurso con liquidación.